El ex magistrado del TSJ, destituido por sus
supuestos vínculos con Walid Makled, pasó de ser un adolescente subversivo a un
militar que no sobresalió por sus méritos. Gracias a los favores que hizo al
Gobierno logró controlar los tribunales penales del país. Confesó que recibía
llamadas del Presidente para manipular casos y ahora, bajo la protección de la
DEA , se ha convertido en un delator.
Eladio Aponte Aponte se crió en una casa de
tierra pisada en el barrio El Pajal, uno de los más pobres en el sur de
Valencia, muy distinta a la lujosa quinta que compró en la urbanización Arboleda
de Maracay y que hace una semana fue allanada por el Sebin en busca de pruebas
que lo incriminen como cómplice del supuesto narcotraficante Walid Makled.
En los liceos públicos Pedro Gual y Martín J.
Sanabria de Valencia, Aponte era conocido como "el flaco" y lideraba
los disturbios estudiantiles, con las prácticas foquistas que había aprendido
como militante de la juventud del MIR en la década de los sesenta. Pero años
más tarde se pacificó.
Con el apoyo de un general cercano a Copei se
alistó en la Escuela de Formación de Oficiales de la Fuerza Armada de
Cooperación hoy Guardia Nacional, donde se graduó como subteniente. Fue el
primer viraje en sus convicciones políticas. Y se alejó aún más de la izquierda
cuando ingresó en la Universidad de Carabobo, donde obtuvo el título de
abogado.
Varios tropiezos y pocos éxitos en su carrera
militar le hicieron pensar en el retiro cuando era teniente coronel.
Por su trayectoria poco rutilante en el mundo
de las leyes nadie podía imaginar que llegaría al cargo de fiscal general
militar y, menos aún, al de presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de
Justicia.
Pero las mayores sorpresas que ha dado el que
era considerado hombre fuerte del Poder Judicial y actuaba como verdugo
implacable de los presos políticos son los detalles de las miserias de la
justicia venezolana. Reapareció con ropa desarreglada, risas nerviosas y, en
general, la incomodidad del que se siente descubierto y obligado a confesar sus
maldades. Se asumió como un reo convicto y confeso del uso de la justicia penal
al servicio del gobierno de Hugo Chávez durante la mayor parte de sus 15 años
de carrera judicial.
En sus relaciones peligrosas con diversas
instancias del poder ha sabido cuidarse las espaldas. Una semana después de que
el ex gobernador de Apure Jesús Aguilarte Gámez fue víctima de un sicariato,
salió del país y el 2 de abril llegó a Costa Rica. Desde allí aseguró que el
presidente Chávez imparte órdenes para manipular expedientes y sentencias. Sólo
bajo la protección de la DEA y el FBI, a los 63 años de edad y sin mucho qué
perder, se atrevería a convertirse en un delator.
En privado, ante sus colegas del TSJ y
algunos reporteros judiciales, se ufanaba de ser un verdadero comunista desde
mucho antes de que el presidente Hugo Chávez apareciera en la escena política.
Alberto Franceschi, que lo conoció cuando
ambos eran estudiantes de bachillerato, lo recuerda como un tirapiedras y
quemacarros del liceo Pedro Gual, que caía preso dos o tres veces por mes.
"Llegó al liceo Martín J. Sanabria,
donde siguió siendo un agitador. El director negó su inscripción en quinto año
y se formó un lío. El flaco Aponte se encadenó e hizo una huelga de hambre.
Finalmente terminó el bachillerato en el liceo privado Nueva Valencia.
Le dieron una beca, porque él venía de un
hogar muy humilde", agrega un compañero de estudios y de actividad
política que prefiere reservar su identidad.
Los padres del ex magistrado eran primos, de
allí la repetición del apellido. Eladio Aponte padre era alguacil en un
tribunal de municipio y eventualmente trabajaba en la finca de la familia del
general retirado del Ejército Juan Antonio Herrera Betancourt, a quien le pidió
ayuda para que el joven de 19 años de edad ingresara en la Efofac.
En 1974, en la promoción Batalla Toma de Las
Flecheras, Aponte Aponte egresó como subteniente, junto con Luis Camacho
Kairuz, Óscar Márquez y Felipe Rodríguez, generales a los que acusaría años
después por su participación en el golpe de Estado de abril de 2002.
Es probable que haya coincidido con Chávez en
el curso básico de cadetes, pues el Presidente egresó en 1975, pero no fue de
los oficiales convocados para las actividades conspirativas que concluyeron en
las intentonas golpistas de 1992.
"Aponte Aponte era un oficial de
escritorio", "él nunca descolló en la carrera militar y estaba muy
rezagado", indican dos fuentes consultadas por separado. Hizo 30 años de
carrera castrense y llegó a coronel, mientras sus compañeros alcanzaron el
generalato.
Algunos incidentes desafortunados, como el
haber disparado imprudentemente durante un operativo contra el contrabando en
el estado Falcón, le causaron desconfianza de parte de sus superiores.
Al graduarse como abogado incursionó en la
justicia militar y luego obtuvo el cargo de presidente del Consejo de Guerra
Permanente de Maracay. Franceschi cuenta que en 1999 se reencontró con Aponte
Aponte: "Nos abrazamos porque no nos veíamos desde que éramos muchachos.
Lo recordaba como un piromaniaco compulsivo dentro del movimiento estudiantil.
Hace 13 años me dijo que era adeco y hablaba pestes de Chávez".
Su supuesta filiación con los partidos
tradicionales y específicamente con los dirigentes de Acción Democrática en
Valencia giró progresivamente hacia el chavismo y se afianzó en 2000 cuando se
convirtió en asesor de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional,
presidida por el diputado carabobeño Francisco Ameliach. "Aponte no era un
hombre de Chávez, sino de Ameliach.
Y es éste el que lo pone al servicio del
Presidente", asegura un informante vinculado al ex magistrado. Héctor
Agüero, coordinador del PSUV en Carabobo, también lo habría acercado al
oficialismo.
Borrado del TSJ. El currículo de Aponte
Aponte fue eliminado de la página web del Tribunal Supremo de Justicia después
de que la Asamblea Nacional lo destituyó del cargo, el 20 de marzo, con
fundamento en la resolución del Consejo Moral Republicano que declaró como
falta grave sus relaciones con el supuesto narcotraficante valenciano Walid
Makled.
Hasta el presente esa ha sido la única
reacción de las autoridades del máximo juzgado del país, pues la presidenta y
demás directivos del TSJ se han mantenido en silencio. Es un deshonor sin
precedentes, que no fue aplicado a otros como el magistrado Luis Velásquez
Alvaray, quien también fue destituido del cargo a instancias del Consejo Moral
Republicano por supuestos hechos de corrupción; o el magistrado Franklin
Arrieche, quien determinó que la crisis política de abril de 2002 fue
consecuencia de un vacío de poder.
Una simple búsqueda en Internet permite
recuperar el link (http://www.tsj.gov.ve/eltribunal/magistrados/
eladioaponte.shtml) donde se enumeran los méritos profesionales de Aponte
Aponte: magíster en Ciencias Políticas mención Gerencia de la Universidad de
Carabobo; magíster en Gerencia Pública de la Universidad Nacional Abierta del
Reino de España; especialista en Criminología de la Universidad de Salamanca;
licenciado en Relaciones Industriales y Recursos Humanos, acreditado por la
Federación Venezolana de Colegios de Licenciados en dicha materia; licenciado
en Ciencias y Artes Militares; y doctor en Derecho de la Universidad del Zulia,
con tesis mención publicación.
Las autoridades del TSJ también excluyeron el
registro oficial de los cargos públicos que ejerció Aponte Aponte, entre ellos
el de director de la Coordinación Estadal Antidrogas de Aragua.
Hasta hace menos de dos meses, el TSJ estaba
orgulloso de tener un magistrado con tantas condecoraciones, como la Doctor
Arminio Borjas en su primera clase, de la Federación de Colegios de Abogados de
Venezuela.
Disciplinado, obediente y subordinado. En los
tribunales militares, Aponte Aponte aprendió a cumplir órdenes de sus
superiores. "Esto tenía sentido durante la vigencia de la legislación que
permitía al ministro de la Defensa y al Presidente de la República, como
máximas autoridades de la jurisdicción castrense, interferir en cualquier
causa", indica el general retirado de la Guardia Nacional y especialista
en la materia Enrique Prieto Silva.
Como fiscal general militar, Aponte Aponte
favoreció al gobierno de Hugo Chávez. Y quizás el más grande favor fue
sustentar la tesis del magnicidio, a través del proceso penal derivado de la
detención de 130 supuestos paramilitares en la finca Daktari, en El Hatillo, en
mayo de 2004. Sin embargo, en la entrevista divulgada el 18 de abril por la
televisora SoiTV, aseguró que todo fue una farsa. En cualquier caso, ese juicio
lo catapultó al cargo de magistrado del Tribunal Supremo de Justicia.
En diciembre de 2004 cambió su oficina en
Fuerte Tiuna y la carrera militar por un majestuoso despacho en la sede del TSJ
y la rectoría de todos los juzgados penales del país.
Aponte Aponte ingresó al máximo juzgado del
país luego de una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia,
a través de la cual se incrementó de 20 a 32 el número de magistrados, y el
chavismo radical reemplazó al miquilenismo en la conducción hegemónica del
Poder Judicial. Fue postulado por la diputada Iris Varela, actual ministra del
Servicio Penitenciario, y contó con el respaldo de la plana mayor del
oficialismo.
El diputado Pedro Carreño, que encabezó el
Comité de Postulaciones Judiciales en esa oportunidad, dijo públicamente que
los nuevos magistrados estaban comprometidos con el proyecto político chavista,
por lo cual no había riesgo de "autogoles". El día de la designación
los parlamentarios de oposición manifestaron su rechazo retirándose del
hemiciclo.
Liquidar a todos los involucrados en el golpe
de Estado de abril de 2002 habría sido la primera orden acatada por el
magistrado Aponte Aponte.
Prieto Silva era su amigo. De hecho, el 15 de
febrero de 2011 publicó un artículo titulado "Mi amigo el magistrado"
para reconocer su rectitud cuando condenó al teniente del Ejército Alessandro
Sicat Torres, quien el 30 de enero de 2001 roció con thinner y prendió fuego a
tres soldados recluidos en una celda de castigo de la 75 Brigada de Cazadores
con sede en Maturín, uno de los cuales falleció.
Pero en el mismo artículo Prieto Silva le
reprocha "haber torcido el Derecho" cuando le correspondió examinar
las causas judiciales de los generales Efraín Vásquez Velazco y Pedro Pereira
Olivares y de los vicealmirantes Héctor Ramírez Pérez y Daniel Comisso
Urdaneta, acusados de rebelión militar por su participación en el golpe de
abril de 2002.
"Después del caso de los paracachitos,
que sí fue una farsa porque yo lo presencié, Aponte Aponte se transformó. Sin
escrúpulos, procuró el ascenso en la carrera judicial que no logró en la
carrera militar", afirma.
La segunda orden, más o menos genérica (como
ha dicho el ex magistrado, después de caer en desgracia), fue perseguir sin
clemencia a los disidentes del Gobierno. Para cumplirla, utilizaría sus
facultades como presidente de la Sala Penal del TSJ a fin de avocarse y
modificar el curso de cualquier causa, en cualquier tribunal del país; dirimir
conflictos de competencia entre los tribunales ordinarios y militares; radicar
juicios de un estado a otro; y, en general, interpretar las normas penales
acomodaticiamente.
Por si fuera poco, fue designado presidente
de los tribunales penales de Caracas, Zulia y Nueva Esparta, con lo cual se
consolidó una práctica que atenta contra la independencia judicial y constituye
un vicio estructural del sistema de administración de justicia: dar
instrucciones a los jueces sobre la orientación de sus sentencias, de acuerdo
con los intereses coyunturales del Gobierno.
En Caracas, dos juezas fueron sus aliadas
para manipular expedientes, según ha reconocido el ex magistrado públicamente:
María Elena García Pru, quien fue detenida por funcionarios del FBI en Miami,
en junio de 2008, por supuestas operaciones financieras sospechosas; y Véneci
Blanco, que fue destituida en 2011.
Entre otros presos políticos condenados al
margen de la ley, mencionados en la entrevista del 18 de abril, figuran: el
general Francisco Usón Ramírez; los comisarios Iván Simonovis, Henry Vivas y
Lázaro Forero y los funcionarios de la Policía Metropolitana, y los dirigentes
de oposición José Sánchez Mazuco y Biaggio Pillieri.
La gestión de Aponte Aponte como magistrado
duró siete años. Fueron muchas las sentencias que dictó con el respaldo de la
mayoría de sus colegas de la Sala Penal que ahora quedan en entredicho, pero es
muy difícil, casi imposible, revertir los daños causados.
La magistrada Blanca Rosa Mármol de León, la
única que en pleno ejercicio de su cargo se ha atrevido a denunciar la
subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo, recuerda a Aponte como un hombre
de trato respetuoso y cordial. Sus despachos estaban a pocos metros de
distancia.
"Sus revelaciones confirman que hay
magistrados y jueces comprometidos con el poder, pero no con la justicia, que
pagan sus designaciones en el cargo con sentencias complacientes. Yo puedo
ratificar que los jueces reciben instrucciones de los presidentes de los
circuitos penales, que van más allá de lo administrativo e interfieren en su
autonomía para juzgar y sentenciar. Al día siguiente de las declaraciones de
Aponte Aponte supe de otra jueza obligada a decidir en contra del Derecho y su
conciencia, lo cual indica que él no es el único responsable de la crisis del
Poder Judicial", advirtió Mármol de León.
La magistrada considera que el resto de las
autoridades del TSJ tienen razones para estar preocupados: "Deberían poner
sus barbas en remojo, sobre todo los que argumentan que, en nombre de la
revolución y mejores tiempos por venir, vale la pena cometer algunas
arbitrariedades".
En las redes del narcotráfico. Por los cargos
públicos que ocupó antes de ser magistrado del TSJ, Aponte Aponte debió conocer
las operaciones del narcotráfico y, entre ellas, las que se atribuyen a Walid
Makled, hoy preso y aparentemente dispuesto a colaborar con el Gobierno. El ex
magistrado se ha atrevido a afirmar que el general del Ejército Clíver Alcalá
Cordones, comandante de la IV División Blindada con sede en Maracay, y Néstor
Reverol, director de la Oficina Nacional Antidrogas, son los zares venezolanos
del negocio ilícito.
Carlos Julio Peñaloza, general retirado del
Ejército y acérrimo crítico del Gobierno, asegura que el ex fiscal general
militar cayó en las redes del narcotráfico y que incluso trabajó para Makled:
"Eladio Aponte es una primera víctima de las disputas intestinas del
chavismo por la enfermedad del Presidente. El ex magistrado afrontaba un
dilema: seguir la cantaleta de fidelidades a las imposturas patrioteras o
quedar libre y protegido, como testigo clave de la justicia de Estados
Unidos".
A diferencia de los casos con implicaciones
políticas, no hay sentencias dictadas por Aponte Aponte que confirmen lo dicho
por Peñaloza. Sin embargo, voceros del oficialismo en el Ejecutivo y el
Legislativo se hacen eco de las relaciones empleador-empleado entre el supuesto
narcotraficante y el ex presidente de la Sala Penal.
Una pandemia. Como orador de orden en el Acto
de Apertura del Año Judicial 2006, Aponte expresó: "El destierro de esa
pandemia la corrupción depende en buena parte de la firme actuación de los 32
magistrados que integramos el Tribunal Supremo de Justicia, olvidándonos de
intereses grupales e intereses económicos porque estamos al servicio del
soberano, al servicio de la Constitución. Estamos en presencia de un desafío de
múltiples implicaciones (...) somos una institución que vive a plenitud el
presente venezolano, signado de metas emblemáticas como la lucha por la
libertad inspirada en la doctrina bolivariana".
Chávez estaba presente en el acto, rompió el
protocolo y tomó el micrófono para elogiar el discurso. "Nos ha hecho unas
reflexiones recordándonos a Bolívar sobre el compromiso de batallar por la
justicia verdadera", dijo el Presidente.
Ahora el jefe del Estado dirige el coro
oficialista que estigmatiza al ex magistrado como un delincuente e invita a
valorar como positiva la actuación del Consejo Moral Republicano.
Pero no fue el Gobierno sino el presidente de
URD, Rafael Rodríguez Mudarra, quien solicitó a la máxima instancia del Poder
Ciudadano que investigara y, si fuera el caso, sancionara los vínculos entre
Aponte Aponte y Makled.
Y, luego de su destitución, el dirigente
solicitó al Ministerio Público que se le prohibiera la salida del país.
Sin embargo, la Fiscalía no actuó contra
Aponte Aponte sino hasta el 18 de abril, cuando logró que un tribunal le
dictara la orden de captura que permitiría activar la alerta roja de Interpol.
A simple vista, pareciera que sus antiguos aliados no sabían de lo que era
capaz, por lo que pudo huir del país con relativa facilidad; más que por las
investigaciones penales emprendidas en su contra, por el temor señalado en la
entrevista televisiva de ser víctima de un sicariato como el ex gobernador de
Apure Jesús Aguilarte Gámez, quien recibió una ráfaga de tiros el 24 de marzo.
El primer altavoz que utilizó para hacer sus
acusaciones fue el canal de televisión que tiene Eligio Cedeño en Miami.
Aponte Aponte decidió a favor del empresario
investigado por la presunta comisión de delitos cambiarios, a través de la
compañía Microstar.
La entrevista transmitida por SoiTV les
permitiría a ambos desnudar ante Venezuela y el mundo un Poder Judicial
profundamente envilecido, del cual uno y otro se sienten víctimas. Sin embargo,
la fiscal general Luisa Ortega dijo que las acusaciones del ex magistrado no
son suficientes para iniciar una investigación.
Cedeño no perdería la oportunidad para
desagraviar a la jueza María Lourdes Afiuni, quien está presa por concederle la
libertad. En las declaraciones hechas en Costa Rica, Aponte la describió como
"una mujer muy valiente, una de las juristas que representan bien el
sistema judicial".
Cuando los interlocutores le exigieron
pruebas de los hechos que denunció, el ex magistrado que hoy está bajo
protección de la DEA esquivó el requerimiento, como quien aspira a aumentar
intrigas: "Bueno, ahorita no las tengo".
El Nacional
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