Ante el cerco del que son víctimas los colegas periodistas que cubren la fuente legislativa, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa protesta el comportamiento de las autoridades de este Poder Público que está obligado a dar ejemplo de democracia, de pluralidad y, sobre todo, de respeto a las leyes de la República, entre ellas la Ley madre que es la Constitución Nacional.
El acceso a la información no es una prebenda de gobierno ni de organismo público algunos, al contrario, es un derecho consagrado en el artículo 58 de la Carta Magna que establece: “Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura”. Es a través de los medios de comunicación y del trabajo de los periodistas que tal derecho puede ser resguardado.
Desde el SNTP denunciamos las restricciones impuestas a los periodistas que cubren la Asamblea Nacional y repudiamos las condiciones indignas en que deben permanecer en las instalaciones del Palacio Federal Legislativo y del edificio José María Vargas, donde funcionan las comisiones permanentes del Parlamento y demás direcciones administrativas.
Hemos visto cómo son sometidos al maltrato de los funcionarios de seguridad y confinados a algunos metros cuadrados en el patio del Palacio. Allí deben pelearse una silla para no permanecer de pie el tiempo que duren las sesiones y para no tener que comer –cuando las jornadas son largas- sentados en el piso.
La criminalización del ejercicio periodístico que, entre otras acciones, ha llevado al cierre de las salas de prensa de la Policía Científica, del Palacio de Miraflores, de la Vicepresidencia de la República, de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y de la misma Asamblea Nacional, también le impide hoy a los comunicadores conocer de primera mano, e informar en consecuencia, los detalles que se dan dentro del hemiciclo de sesiones.
La actitud hostil frente a los periodistas se ha hecho patente en la Asamblea Nacional desde finales de la gestión anterior, dirigida por la diputada Cilia Flores. No obstante, con la instalación de este nuevo Parlamento, en el que conviven tanto bancadas afines como opositoras al Gobierno nacional, es más evidente la intención de imposibilitar la cobertura, prohibiendo el ingreso al palco de prensa que está en el área de deliberación de los diputados e impidiendo el libre desplazamiento por la sede del Legislativo.
En reiteradas oportunidades el país ha escuchado a altísimos funcionarios del Estado hablar de la “dictadura mediática”, refiriéndose a los medios de comunicación privados. Sin embargo, pretender que los venezolanos conozcan los resultados de la labor legislativa y contralora del Parlamento a través de un solo lente, el de ANtv, es la imposición arbitraria de una única forma de pensar y de interpretar los hechos, lo cual es completamente contrario a los principios de la libertad de expresión y del ejercicio del periodismo.
El SNTP esperaba el restablecimiento de las condiciones para la cobertura dentro de la Asamblea Nacional, nunca antes tan limitadas como hoy. En este sentido, respaldó las solicitudes que el pasado 24 de enero presentaron los reporteros de la fuente al director de Comunicación e Información, Ricardo Durán, y que posteriormente se elevaron a la Junta Directiva.
En esa oportunidad, los periodistas solicitaron que no se les sometiera a “requisas” cada vez que entran al Palacio Federal Legislativo, que se permitiera el ingreso de las cámaras de televisión y de los reporteros al hemiciclo de sesiones y que se instalara una sala de prensa acondicionada para la práctica reporteril, entre otras 11 peticiones. Sólo la última ha sido asumida, pero pretendiendo encerrar en cuatro paredes a los comunicadores.
El SNTP exige a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional que permita la cobertura oportuna y objetiva por parte de todos los medios de comunicación de las informaciones que se producen en tan importante escenario para la democracia venezolana.
Asimismo, el SNTP le recuerda a los diputados Fernando Soto Rojas, Aristóbulo Istúriz y Blanca Eekhout, máximas autoridades de la Asamblea Nacional, que el derecho a la información debe ser garantizado aún y en estados de excepción, por lo que es inaceptable que se pretenda vulnerar para torcer u ocultar un debate que le pertenece al país.
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